Solución de Conflictos en Grecia
Un breve vistazo al Sistema de Litigios Civiles griego
Procedimiento Civil – Información Jurídica sobre Grecia
En Grecia, los conflictos comerciales de un tamaño considerable se resuelven con frecuencia en los tribunales y se rigen principalmente por las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil griega (GCCP).
La Asignación de Casos
Los casos en Grecia se asignan a algunos tribunales de acuerdo al valor financiero o la competencia territorial del tribunal; este último queda determinado por la residencia de las partes, el lugar del negocio o la causa de la propia demanda. Existen tres tipos de juzgados de primera instancia en lo civil:
El Tribunal de Paz, que entiende de demandas por un valor igual o inferior a 12.000 €
el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia, que entiende de demandas por un valor entre 12.000,00 € y 80.000 €, y
el Tribunal Colegiado de Primera Instancia, que entiende de demandas por un valor superior a 80.000 €.
Plazos de prescripción
Un importante requisito procesal que uno debe conocer es el plazo de prescripción que se aplica a la presentación de una demanda ante un tribunal griego. El plazo de prescripción se computa ya sea (1) a partir del día siguiente al día en el que surgió la causa de la demanda o (2) a partir del día en el que el demandante adquirió conocimiento o debiera adquirirlo con vigilancia adecuada de que había surgido una causa de demanda. El plazo de prescripción deja de computarse cuando se haya cumplido el proceso original.
Aunque la GCCP proporciona un plazo de prescripción general de veinte años, existen numerosas excepciones a esta regla. Se aplica un plazo de prescripción de cinco años en el caso de demandas comerciales, disputas sobre honorarios profesionales, reclamaciones de seguros de vehículos y responsabilidad civil, mientras que las demandas relativas a la competencia desleal deberán presentarse dentro de un año y medio, en virtud de una reciente modificación de la Ley sobre Competencia Desleal no.146 de 1914. Además, las demandas relativas a la posesión de tierras caducen después de un año, mientras que las demandas derivadas de un contrato para el transporte nacional por carretera prescriben después de seis meses.
Abogados extranjeros y griegos
A diferencia de otros países como el Reino Unido y los Estados Unidos, los abogados griegos no se distinguen entre “solicitors” y “barristers”, sino que entran en la categoría general de “dikigoros” (“abogado” en griego); la capacidad de un abogado griego de proteger los derechos de audiencia depende del tipo del tribunal.
Para que un abogado extranjero con sede en un Estado miembro pueda ejercer la abogacía ante los tribunales de Grecia, debe haberse registrado en el colegio de abogados de la ciudad en la que tiene la intención de trabajar. [01] Directiva 98/5/CE sobre el ejercicio de la profesión de abogado en los Estados miembros. Los abogados extranjeros deberán inscribirse ante la autoridad competente (p.ej. Law Society, Solicitors Regulation Authority) de su Estado miembro si desean registrarse como abogados en ejercicio en Grecia.
Honorarios de abogados griegos y financiación del litigio
Los honorarios mínimos de los abogados griegos se fijan en el 2% del valor financiero de la demanda, si se trata de la presentación de una demanda, y en un 1% para la presentación de un escrito procesal
[02]Código de Abogados. Estos honorarios se pagan generalmente como cantidad a tanto alzado más que como tarifa por hora. Sin embargo, es particularmente interesante señalar que las tarifas indicadas anteriormente no se pagan siempre en la práctica. En vez de esto, se concluyen acuerdos privados en los que las partes negocian el importe de los honorarios, lo cual resulta en honorarios más altos o más bajos. También es común que las partes se pongan de acuerdo en que los costos y los honorarios recaigan sobre el abogado que tendrá derecho a un 20% del valor de la demanda si gana el caso.
En cuanto a la financiación de litigios ante los tribunales griegos, el cliente está obligado a pagar los honorarios y desembolsos y un impuesto de tribunal del 0,7% del valor de la demanda (excluidas las reclamaciones de intereses) cuando la demanda tenga carácter ejecutorio, es decir, cuando el demandante solicita una orden que obligue al demandado a pagar cierta cantidad de dinero
La ley prevé que la parte que pierde el litigio asuma los costos de la parte que ha ganado [03]según el artículo 176 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque los tribunales griegos obligan con frecuencia al primero a pagar una parte de los costos reales incurridos por este último. Es importante señalar que los tribunales griegos no conceden intereses sobre los costos aunque el interés es pagadero en todos los fallos que ordenan el pago de dinero al menos desde el día en el que comienza la demanda y, posiblemente, desde el día en el que surgió la causa de la misma; la tarifa se establece por ley en intervalos regulares.
Existen seguros para los costos de los litigios [04]Decreto Legislativo 400/1970, según el cual el asegurador se compromete contractualmente a cubrir los gastos futuros de litigio del asegurado, incurridos ya sea durante los procedimientos judiciales ya sea en conciliaciones extrajudiciales. Es imperativo que la póliza de seguro garantice que el asegurado pueda elegir libremente su representante legal.
Los procedimientos judiciales en Grecia son normalmente públicos. Sin embargo, si la publicidad resulta perjudicial para el orden público o los valores morales, los procedimientos se realizan de manera confidencial por iniciativa del Tribunal o a petición del reclamante [05]Artículos 113-114 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En la mayoría de los casos, no hay requisitos previos a cumplir antes de comenzar el procedimiento.
Ahora examinaremos las etapas claves de los procedimientos civiles en Grecia a fin de crear una breve descripción de cómo avanza un caso.
Etapas en un Procedimiento Civil
Los procedimientos empiezan con la presentación de un documento de demanda (‘agogi’ en griego) que indica los nombres y las direcciones de las partes, así como detalles de la reclamación que proporcionan los hechos sustanciales alegados por el reclamante. El documento de demanda contiene, también, una lista de las pretensiones y una declaración de valor, en la que se reclama dinero; el reclamante debe especificar la cantidad exacta que pretende percibir desde el principio. El tribunal incoa el procedimiento sellando el documento de la demanda con su sello oficial y, en esa fecha, también asigna una fecha de juicio, que debe estar dentro de doce meses de la presentación de la demanda en cuestión
[06]Estatuto 3346/2005. Debemos señalar que este plazo deja de computarse para los fines de prescripción sólo cuando se haya comunicado el documento de demanda al demandado. Esto es de particular importancia cuando el demandado reside en otro Estado miembro ya que, con arreglo a la legislación de la UE, la comunicación de documentos se considera efectiva sólo cuando el demandado reciba tal documento.
En Grecia, el único método de notificación es por agente judicial, instruido por el demandante para entregar el documento de demanda al acusado. La notificación de un documento de demanda a un demandado que reside en Grecia debe efectuarse al menos sesenta días antes de la audiencia. En cambio, la notificación de un documento de demanda a un demandado que reside en el extranjero o cuya residencia es desconocida debe realizarse al menos 90 días antes de la audiencia [07]Artículo 228 Ley de Enjuiciamiento Civil. Cabe mencionar que los escritos procesales del demandado y del demandante se presentan ante el tribunal en el mismo día.
Las etapas siguientes se aplican sólo en los tribunales colegiados. Tras la notificación de la demanda, el demandante invita al demandado a una reunión para negociar una conciliación previa al juicio [08]Artículo 214(a) Ley de Enjuiciamiento Civil. Las partes deben reunirse entre el quinto día después de la demanda y el trigésimo quinto día antes del juicio. Después de esto, cualquier persona que desee obtener declaraciones juradas de testigos formula una solicitud ante un juez de paz o un notario público. A continuación, se presentan los escritos y las pruebas documentales; esto debe realizarse 20 días antes del juicio. Sigue el juicio y termina efectivamente dentro de la misma jornada en la que comenzó. Después del juicio, cada parte presenta escritos adicionales en los que responde a los escritos procesales y las pruebas de la otra parte o partes. Hay dos conjuntos de escritos: uno se presenta 15 días antes del juicio, mientras que el otro se presenta ocho días después del juicio. Durante el juicio, se examinan sólo los comentarios sobre los testimonios de los testigos en el Tribunal. A continuación, se produce la sentencia y debe elaborarse y sellarse dentro de ocho meses del juicio [09]Estatuto 3327/2005. Sigue la apelación, la cual deberá presentarse dentro de 30 días de la notificación de la sentencia por una parte a la otra o dentro de tres años del día en el que la sentencia fue elaborada y sellada por el Tribunal, pero no notificada a la otra parte. Por último, se ejecuta la sentencia.
Respecto al Tribunal de Paz y el Tribunal Unipersonal, todas las pruebas y los escritos procesales se presentan en el día del juicio.
Los siguientes remedios finales están disponibles en fase del juicio: prestación específica o daños y perjuicios, una declaración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica y la creación, transformación o rescisión de una relación jurídica.
Medidas Provisionales
A diferencia de lo que se aplica en otras jurisdicciones, la administración de casos activos y las medidas provisionales no se aplican en un procedimiento civil griego. A menos que las partes deseen recurrir a medidas cautelares, no hay ninguna solicitud provisional que puedan presentar. Por ejemplo, no se presentan alegaciones de caso y no está disponible el juicio sumario. El único documento que deba presentarse y notificarse antes de que el caso llegue a la etapa del juicio es el documento de demanda. Si una causa de demanda o defensa es irrazonable, infundada o indicativa de un abuso del proceso, se rechazará al final del juicio tanto la demanda como la sentencia producida a este efecto.
En casos de urgencia, un demandante podrá solicitar un recurso provisional, por ejemplo, cuando cree que las presuntas faltas cometidas por el demandado le hayan podido causar daños continuos antes del juicio. Estas solicitudes se presentan ante el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia y suelen realizarse mediante notificación, aunque en ciertas circunstancias puede permitirse una solicitud sin previo aviso. Los remedios más populares en Grecia son los mandamientos de congelación de activos, las órdenes de cesación y órdenes judiciales imperativas, los pagos interinos y las órdenes provisionales. Si se concede una orden antes de la incoación del procedimiento, el Tribunal ordena normalmente que se presente una demanda dentro del mes siguiente o bien la orden se suspenderá automáticamente.
Un demandante podrá también solicitar un embargo preventivo para preservar el patrimonio en espera del juicio o la orden final. Las solicitudes de este tipo de órdenes se presentan ya sea ante el Tribunal de Paz ya sea ante el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia y suelen realizarse mediante notificación, aunque en ciertas circunstancias puede permitirse una solicitud sin previo aviso. La orden provisional podría concederse el mismo día siempre que las circunstancias sean urgentes. No es necesario que el proceso de litigio entre en la misma jurisdicción que el embargo preventivo, ya que pueden solicitarse medidas provisionales a las autoridades judiciales de un Estado miembro, incluso si los tribunales de otro Estado miembro fueren competentes para conocer sobre el fondo de la cuestión [10]Artículo 31 Reglamento CE nº 44/2001.
Órdenes de Pago
Como alternativa a la presentación de una demanda de litigio, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la emisión de una orden de pago con arreglo a los artículos 623 et seq. Una orden de pago es esencialmente un fallo emitido ya sea por el Tribunal de Paz (para disputas valoradas en 12.001 € o más) o por el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia (para reclamaciones valoradas en 80.000€ o más). El Tribunal Colegiado no es por lo tanto competente para emitir órdenes de pago.
El proceso es el siguiente: El demandante presenta una solicitud al Tribunal para la emisión de una orden de pago, junto con todos los documentos originales que la justifican; estos documentos tienen que apoyar directamente las demandas realizadas por el demandante, sin que el demandante esté obligado a recurrir a más pruebas, es decir, testigos. Por ejemplo, las órdenes de pago se emiten generalmente en caso de demandas que tengan que ver con cheques, en las que el cheque por sí mismo demuestra directamente que hay una reclamación en contra del emisor, si ha transcurrido la fecha de emisión y el Banco ha verificado en el cuerpo del cheque que no había sido pagado cuando el portador la presentó para recibir el dinero. También podrá expedirse una orden de pago en relación con la venta de bienes. Es posible emitir una orden de pago, siempre que el vendedor /demandante pueda presentar las facturas originales, junto con los CMR o conocimientos de embarque (que confirman que el comprador ha recibido las mercancías) que llevan la firma del comprador.
La orden de pago es mejor que la presentación de una demanda, ya que la orden se emite rápidamente por el Tribunal (normalmente dentro de dos días a dos semanas después de la presentación). La orden de pago se considera como título ejecutorio, que autoriza al demandante para incoar medidas coercitivas contra el deudor.
El deudor tiene derecho a presentar una objeción escrita contra la orden de pago dentro de 15 días hábiles después de la notificación por el agente judicial. La objeción por sí misma no elimina el derecho del demandante a la ejecución. Si el deudor está convencido de que su objeción será admitida por el Tribunal, tendrá que solicitar medidas provisionales. Y esto porque si se lleva a cabo la ejecución antes de que se juzgue su objeción, sufrirá daños, porque está bastante seguro de que su objeción será admitida por el Tribunal. Si la solicitud de medidas provisionales es admitida por el Tribunal, el demandante no tendrá derecho a perseguir la ejecución hasta que se juzgue la objeción; si se rechaza, podrá seguir adelante con sus reclamaciones según la orden de pago.
Testigos
En un proceso civil griego, se admiten las declaraciones escritas u orales de testigos. En el juicio, cada parte tendrá que tener al menos un testigo para testimonios orales. La ley establece que todos los testigos que proporcionen pruebas orales se sometan a contrainterrogación. Un testigo de hecho que se niega a asistir al juicio puede ser citado por la parte que desee obligarlo a comparecer, pero, debido al hecho de que las sanciones por incomparecencia son bajas, las citaciones a menudo no consiguen el resultado deseado. Las declaraciones juradas ante un juez de paz, un notario o un cónsul reemplazan las declaraciones de testigos en Grecia, aunque las declaraciones juradas no tienen la misma importancia que las pruebas proporcionadas por un testigo durante el interrogatorio. Esas declaraciones se realizan poco antes de los escritos procesales y se presentan ante el Tribunal, para que no puedan incorporarse a los plexos. Se pueden presentar tres declaraciones juradas por cada parte siempre que se haya notificado a la otra parte al menos dos días hábiles antes de que se realicen las declaraciones. En casos especiales (litigios en materia de empleo y relativos a honorarios de ciertos profesionales como ingenieros, abogados y agentes), la notificación debe entregarse 24 horas antes. Si la declaración se realiza en el extranjero, la notificación se realizará con al menos ocho días de antelación. Si las pruebas presentadas ante el Tribunal no demuestran los hechos del caso, se puede pedir a las partes en una demanda o a sus representantes que proporcionen pruebas orales.
Peritos independientes
La ley establece que el Tribunal podrá nombrar a un perito para emitir una opinión sólo si el Tribunal concluye que la cuestión requiere el conocimiento de un experto y una parte solicite tal designación
[11]Artículo 368 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las partes nombran a sus propios expertos [12]Artículos 391 y 392 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y pagan sus honorarios. Los expertos están obligados a proporcionar asesoramiento independiente o a representar los intereses de la parte que los ha nombrado; el juez decide libremente sobre los méritos de sus pruebas [13]Artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las partes tienen derecho a responder a las pruebas de expertos a través de sus escritos procesales y alegaciones adicionales, mientras que el Tribunal puede ordenar a expertos que presten testimonio oral y, por lo tanto, que se sometan a contraiterrogación en el juicio [14]Artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si el Tribunal designa a un experto, la parte que haya notificado la cita al experto y lo haya invitado a prestar juramento, pagará los honorarios del experto, independientemente de si esta parte pidió el nombramiento de un experto o no [15]Artículo 173(3) de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos honorarios son parte de los costos de la demanda que puede recuperar una parte de la otra si gana el caso [16] Artículo 189 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Apelaciones
Puesto que las apelaciones pueden presentarse por derecho y, por lo tanto, no requieren permiso previo, las sentencias son a menudo apeladas por la parte que ha perdido. Sólo las sentencias definitivas pueden tratarse en fase de apelación. Las sentencias provisionales sólo podrán recurrirse con el fallo final. Las apelaciones contra sentencias emitidas por tribunales de primera instancia son examinadas por el Tribunal de Apelación. Las apelaciones contra sentencias emitidas por el Tribunal de Paz son examinadas por el Tribunal Unipersonal. El Tribunal de Apelación se determina sobre la base de la ubicación del tribunal inferior que emitió la sentencia apelada.
Ahora analizaremos el proceso de apelación. En primer lugar, el recurrente presenta un escrito de apelación que estipula los motivos por los que considera que el Tribunal supuestamente cometió un error; los motivos de apelación pueden ser relativos tanto a cuestiones de hecho como de derecho. La presentación del escrito de apelación se realizará dentro de 30 días de la fecha en la que se notificó la sentencia del tribunal inferior al recurrente o dentro de 90 días de esta fecha si el recurrente reside en el extranjero o se desconoce la residencia. Si la sentencia no ha sido notificada, el escrito de apelación deberá presentarse dentro de tres años de la fecha en la que se selló la sentencia apelada. Una vez presentado, el escrito de apelación deberá notificarse al demandado residente en Grecia por lo menos 60 días antes de la audiencia programada de apelación. Si el demandado vive en el extranjero o se desconoce su lugar de residencia, la notificación deberá efectuarse al menos 90 días antes de la fecha de audiencia programada.
Ejecución
Por último, las sentencias definitivas y las sentencias de primera instancia que se han emitido como provisionalmente ejecutorias pueden ejecutarse de inmediato. Se requiere una copia certificada de la orden de ejecución, la cual es suministrada por el juez presidente del Tribunal que emitió la sentencia pertinente a fin de iniciar el procedimiento de ejecución. Tras la notificación de esta orden, no se puede tomar otra medida de ejecución hasta que transcurran tres días hábiles [17] Artículo 926 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Litigios Transfronterizos
El Convenio de Roma de 1980 sobre litigios transfronterizos estipula que los tribunales griegos, entre otros Estados miembros, admitirán la elección expresa de la ley aplicable en un contrato comercial a menos que existan razones de orden público para no hacerlo. En particular, las partes en un conflicto transfronterizo pueden elegir un determinado tribunal o tribunales para resolver cualquier diferencia. Con arreglo al Reglamento CE 2201/44/CE, si las partes hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Este acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse por escrito o en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas, siempre que no esté en contra de disposiciones relativas a seguros, contratos de consumidores y de trabajo o la jurisdicción exclusiva de los tribunales [18]Artículo 23 del Reglamento de Bruselas. Esto puede hacerse mediante previo acuerdo escrito o la comparecencia del demandado sin impugnar la jurisdicción del Tribunal. Cuando un acuerdo confiere jurisdicción exclusiva a un tribunal distinto al Tribunal competente griego, este acuerdo debe ser expreso. Las cláusulas de jurisdicción exclusiva pueden considerarse no válidas por un tribunal griego si la elección de otra jurisdicción es imposible y/o resulta en la denegación de justicia.
El acuerdo de elección de la jurisdicción debe celebrarse por escrito y definir en detalle las relaciones jurídicas a las que se refiere cuando se trata de litigios futuros. Hemos de señalar que la libertad de elegir una jurisdicción no está disponible en casos de demandas no pecuniarias relativas a bienes inmuebles.
Cabe notar también que la notificación del documento de demanda de Estados miembros puede efectuarse con la notificación de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial o a través del fiscal en los Estados miembros. En cualquiera de estos casos, deberá incluirse una traducción del documento de demanda en un idioma que pueda entender el destinatario.
El Reglamento 2001/44/CE prevé el reconocimiento y la ejecución en Grecia, entre otros países, de sentencias y órdenes dictadas en otro Estado miembro. El tribunal competente que asume la responsabilidad de la declaración de ejecutoriedad es el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia ya sea del lugar de residencia de la parte contra la que se solicitare la ejecución o del lugar de ejecución. En el resto de los casos, una sentencia extranjera puede declararse ejecutoria por el fallo de un Tribunal Unipersonal de Primera Instancia siempre que la sentencia extranjera sea ejecutoria en virtud de la legislación del Estado donde se ha emitido y que no sea contraria a los valores morales o el orden público de Grecia. Además, la parte que ha perdido el juicio no debe haber sido desposeída de su derecho a la defensa y la sentencia extranjera no debe entrar en conflicto con un fallo doméstico y, por lo tanto, crear un precedente en relación con las mismas partes. No es necesario reconocer las sentencias emitidas en virtud del Reglamento 2004/805/CE ya que son directamente ejecutorias.
Arbitraje y Mediación (ADR)
La forma más común de resolución alternativa de conflictos en Grecia es el arbitraje que se rige por los artículos 876 et seq. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si existe una cláusula de arbitraje por escrito y las partes no presentan objeción al comparecer ante el árbitro, todos los litigios privados (excepto los litigios en materia de empleo y las solicitudes de medidas provisionales) pueden resolverse mediante arbitraje. Salvo disposición contraria, los laudos arbitrales no pueden ser apelados
[19]Artículo 895 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero puede ser anulados si se cumplen ciertos requisitos [20]Artículo 897 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El papel del árbitro es pasivo y las partes determinan los documentos a divulgar.
Las partes acuerdan los costos y los gastos en arbitraje internacional [21]Artículo 32 Estatuto 2735/1999 y cuando falta tal acuerdo, el tribunal arbitral asigna los costos y los honorarios entre las partes. Los costos del arbitraje nacional se calcularán como un porcentaje del valor del elemento disputado o la reclamación. Por último, el laudo arbitral determina quién está obligado a pagar los honorarios de los árbitros y las costas del arbitraje.
El procedimiento de resolución alternativa de controversias no forma parte de los procedimientos judiciales y por lo tanto, los tribunales no pueden ordenar su uso. A pesar de la falta de una disposición que imponga confidencialidad en los procedimientos de solución alternativa de litigios, las partes suelen mantener estos procedimientos en privado y también incorporan cláusulas de confidencialidad a sus contratos.
Entre los proveedores de servicios de arbitraje más importantes en Grecia encontramos el Instituto de Mediación y Arbitraje, la Oficina Nacional de la Cámara de Comercio Internacional, los Departamentos de las Cámaras de Comercio e Industria de Atenas y el Pireo y la Asociación de Arbitraje Marítimo del Pireo. El Defensor del Pueblo y la Inspección de Trabajo son los órganos más populares que ofrecen servicios de mediación en Grecia.
Desde la fundación del Defensor del Pueblo griego en 1998, la mediación se utiliza con más frecuencia como una alternativa al arbitraje. El Defensor del Pueblo se compromete a supervisar los actos y las omisiones de departamentos gubernamentales y autoridades públicas. Los conflictos en materia de empleo son resueltos por la Inspección de Trabajo.
Notas:
[01] Directiva 98/5/CE sobre el ejercicio de la profesión de abogado en los Estados miembros
[02] Código de Abogados
[03] Artículo 176 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[04] Decreto Legislativo 400/1970
[05] Artículos 113-114 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[06] Estatuto 3346/2005
[07] Artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[08] Artículo 214(a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[09] Estatuto 3327/2005
[10] Artículo 31 del Reglamento CE No. 44/2001
[11] Artículo 368 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[12] Artículos 391 y 392 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[13] Artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[14] Artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[15] Artículo 173(3) de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[16] Artículo 189 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[17] Artículo 926 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[18] Artículo 23 del Reglamento de Bruselas
[19] Artículo 895 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[20] Artículo 897 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
[21] Artículo 32 Estatuto 2735/1999
